Este 24 de marzo es un día especial, debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no podremos estar en las calles junto a los organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones políticas y sociales, y la ciudadanía en general con las que siempre nos encontramos en esta fecha.
La situación que estamos atravesando, una pandemia producto del coronavirus COVID-19, pone a prueba la capacidad de organización de nuestra comunidad. Nos hace reflexionar sobre nuestra sociedad y cuáles son los valores que tenemos que sostener para pasar estos momentos y poder construir, a futuro, un mundo mejor, más justo y solidario. Dentro de estos valores se encuadra la lucha de las y los 30.000 que lucharon, en esos años de pie de plomo, contra el avance del capitalismo salvaje predominante en el mundo. Pelearon contra las injusticias de un modelo apático, desigual, personalista y deshumanizado, donde privilegiaba la acumulación de riqueza para un sector ínfimo, en detrimento de las grandes mayorías que quedarían excluidas, marginadas y sin ninguna posibilidad de ingresar y desarrolarse en ese mundo pensado para unos pocos.
Hace 44 años irrumpía en nuestro país un proyecto anti-popular, que ya se encontraba golpeando y sometiendo a nuestros pueblos hermanos en toda Latinoamérica. Éste proyecto fue pensado y diseñado en otras latitudes, y ejecutado con mano de obra local. Fueron años muy duros para la sociedad argentina, que veía como destruían y arrasaban sus organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles de una manera atroz y perversa (perseguían, secuestraban, desaparecían , torturaban, ultrajaban, asesinaban, robaban , escondían). Saquearon al país, para crear una dependencia económica y en consecuencia, una sumisión política a los países dominantes nunca antes vista. Se utilizaba el terror como método de adoctrinamiento social y el endeudamiento externo, como soborno al poder económico local.
Fueron años de retroceso en todos los niveles de organización político-social. Se derogaron acuerdos, convenios y conquistas sociales, recientemente recuperadas e implementadas. Se flexibilizaron condiciones laborales, censuraron conocimientos, coartaron pensamientos y disidencias en todos los ámbitos. Fueron años terriblemente pesados e injustos para la sociedad argentina.
Las universidades fueron un eje principal hacia donde se ejerció esa represión, ya que en ellas se generaba conocimiento, se discutía, se pensaba y estudiaba como debían ser las sociedades, ponderando que valores y modelos serian los mas justos y solidarios para las generaciones venideras.
Dentro de esas Universidades, la de Mar del Plata no fue la excepción. Entre sus miembros se encuentran autoridades, docentes, estudiantes y trabajadoras/es, victimas del terrorismo de estado que asoló en aquéllos años, incluso antes del 76, como el caso de Silvia Filler asesinada el 6 de diciembre de 1971 en una asamblea en el Aula Magna (hoy lleva su nombre) del edificio de rectorado, por miembros de la CNU grupo parapolicial que opero desde el año 71 y que en el 76 se incorporaría a las filas del estado y participaría de la dictadura, en el poder judicial llegando a ocupar cargos jerárquicos y políticos. Hoy el líder de esa banda, Gustavo Modesto Demarchi, que entre sus victimas tiene también a María del Carmen Maggi (quien fuera docente de la facultad de humanidades) asesinada en mayo del 75 y por el cual éste genocida fue condenado en 2016 a cadena perpetua, se encuentra gozando del beneficio de prisión domiciliaria, muy cómodamente en su casa de lujo en un reconocido barrio de nuestra ciudad. Exigimos cárcel común y cumplimiento efectivo de esa condena para Demarchi, sus secuaces y para todos los genocidas, favorecidos por una justicia, cómplice y corrupta, que otorga beneficios a delincuentes de lesa humanidad, condenados a cadena perpetua.
El avance del poder político dominante se manifiesta nuevamente sobre nuestra región. Un golpe cívico-militar en Bolivia, represión feroz de la protesta social en Chile, Colombia y Ecuador, gobiernos títeres de derecha en Brasil, Peru y Uruguay, e intromisiones golpistas en la República Bolivariana de Venezuela, nos demuestran que estos poderes siguen vigentes y activos. Debemos rápidamente abroquelarnos, solidarizarnos y cobijarnos con nuestros pueblos hermanos, para que estas políticas externas a nuestros intereses no pasen por arriba de nuestras construcciones y conquistas. Debemos denunciar y visibilizar estas amenazas, para que la sociedad tome conciencia y salte el cerco que nos quieren imponer para ejecutar sus planes de dominación. No podemos permitir que vuelvan a arrebatarnos nuestras riquezas, nuestros sueños y a nuestras/os compatriotas que luchan por una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Es responsabilidad de las instituciones públicas y soberanas, como la nuestra, con sus trabajadoras/es, estudiantes y docentes el seguir con la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, continuar por el camino que nos marcaron las madres, abuelas, hijos y organismos de derechos humanos, para que estos hechos lamentables, para la toda la sociedad, no se vuelvan a repetir nunca más en nuestro territorio y en Latinoamérica en su conjunto.
Comisión Directiva de APU