A seis años del 3 de junio del 2015, una convocatoria lanzada a través de las redes sociales bajo la consigna “Ni Una Menos”, como respuesta a una serie de femicidios ocurridos en el país permitiendo dar mayor visibilidad a reclamos que el movimiento feminista venía sosteniendo desde hacía años, y lo puso en agenda adquiriendo un lugar central dentro del debate público.
El contexto social que trajo la pandemia del Covid-19 y las condiciones de aislamiento de muchas mujeres, niñes y diversidades han agravado las situaciones de violencia de género, donde en muchos casos deben convivir con su agresor, estas situaciones requieren de un esfuerzo colectivo general para detener todo tipo de violencias.
Los casos de COVID-19 siguen sobrecargando el sistema de salud y los servicios esenciales –como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar– han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres y diversidades pase a ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta.
Es mucho lo que se ganó, hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público nacional y el aborto es legal en nuestro país, una deuda que tenía nuestra democracia.
Pese a estos avances, los femicidios, transfemicidios y travesticidios no disminuyen siendo estos solo la punta de un iceberg en cuya base hay muchas otras formas de violencia, sobre las cuales también es necesario un trabajo de concientización. La implementación de la ESI en todos los niveles educativos es esencial.
En este sentido, nuestra Universidad ha manifestado un serio compromiso con el Ni Una Menos y en los últimos años ha implementado diferentes acciones en ese sentido, la creación del Programa Integral de Políticas de Género, el Protocolo de Actuación para casos de Violencia de Género, las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela.
Es por ello, que queremos expresar nuestra preocupación por la demora que hay en la resolución de las denuncias que se dan en el marco del protocolo, que el contexto de pandemia ha agravado ya que se encuentran los plazos administrativos suspendidos, siendo estas situaciones un motivo de desconfianza hacia la herramienta del protocolo.
Es necesario que el compromiso de la gestión sea sincero para la resolución de estas denuncias, así el trabajo que se hace desde el Protocolo de Actuación no sea en vano y de una vez por todas podamos decir que somos parte de una UNIVERSIDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Área de Mujeres, Género y Diversidad de APU
Comisión Directiva de APU