El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una fecha muy cara a la sociedad argentina. Es una jornada de reflexión sobre lo acontecido hace cuarenta y tres años en nuestro país. Funciona como un mecanismo que le permite a la sociedad, a través de sus instituciones, el debate y la toma de conciencia sobre lo que es el Terrorismo de Estado y sobre los mecanismos que utilizaron las clases poderosas para hacer valer sus intereses.
Algunos sectores han planteado, y lo sostienen todavía, algunas perversas diferenciaciones entre los derechos humanos de “antes” y los derechos humanos de “ahora”. Y no es casual, en este contexto de vuelta al poder de los sectores económicamente más concentrados, plasmado en el modelo neoliberal de gobierno, en donde los poderosos obtienen aún más ventajas en base a su poder económico y el Pueblo, correlativamente, se empobrece y sufre sus políticas.
Para APU, no hay diferencias. Las personas desaparecidas por el Estado fueron las y los militantes que luchaban por cambiar las condiciones de las relaciones sociales y de la distribución de la riqueza en nuestro país. Lo hacían en contextos de ausencia absoluta de democracia, durante años y años, y en contextos de persecución ideológica. Utilizaron la cárcel, primero. Luego los “apremios ilegales”, para finalmente recurrir al secuestro, tortura y desaparición sistemática. También robaron bienes e identidades.
El endeudamiento económico que impusieron nos afectará por generaciones y generaciones, y las mejoras en las relaciones laborales conquistadas a través de los mecanismos legales y legítimos, reflejadas en los Convenios Colectivos de Trabajo del año 75, también fueron desaparecidos, castigando sin distinciones a quienes integramos esta sociedad.
Las organizaciones políticas y sindicales (las que no eran funcionales) fueron arrasadas, como también otras instituciones sociales necesarias para la vida en sociedad, arrasando con los mecanismos de consenso social, procesos comunicacionales y todas aquellas prácticas sociales que nos convierten en un conjunto de personas “civilizadas”.
Y así podemos seguir desagregando hasta el infinito. Pero lo que hay que destacar es que, en su inmensa mayoría, se desaparecía a personas estudiantes y trabajadoras. Jóvenes que se esforzaban en lo individual y que, a la vez, se proyectaban en la construcción colectiva, solidaria, empática.
Esos valores sociales también fueron desaparecidos y es justamente en este punto tan importante donde la Universidad Pública sigue siendo la institución social que atesora, custodia y promueve estos valores, a través de la discusión y participación política democrática. Lo hizo desde sus orígenes, lo hizo durante la debilitada democracia de derecha previa al Golpe, y lo hizo después, durante la Dictadura.
Hoy, desde la Universidad Pública, insistimos en profundizar la formación en valores democráticos y tolerantes a través de la incorporación en los Planes de Estudios de nuestras carreras de la formación en Derechos Humanos. Continuamos en el camino de reconstrucción de nuestra propia historia institucional trabajando en la Reparación de los Lejagos de las y los miembros de esta institución que fueron asesinados, desaparecidos o cesanteados. También a través de la reconstrucción colectiva y permanente de la historia y de sus desaparecidos y desaparecidas.
Hoy, tanto como ayer y tanto como mañana, la Universidad Pública tiene el deber de ser una usina de democracia que, conjuntamente con las y los trabajadores a través de sus sindicatos y mancomunádamente con otros muchos colectivos comprometidos con la Memoria, la Verdad y la Justicia, construír ese gran faro que nos permita visualizar cabalmente nuestro destino sin caer en falsas y perfectas diferencias que nunca jamás existieron ni van a existir.